La política del Poder Judicial
La política del Poder Judicial
Por Ricardo Romero. Politólogo UBA
La base del Estado Moderno se centra en la fragmentación del poder como forma de superar al absolutismo monárquico. Con esta lógica, la concepción de división de funciones es la matriz propuesta por teóricos como el francés Charles Louis de Secondat, señor de Brède y barón de Montequieu, en el “Espíritu de las Leyes”, a su vez, el esquema en relación a pesos y contrapesos es sostenido por el norteamericano James Madison en “El Federalista”.
Incluso, un aporte latinoamericanista lo encontramos en el libertador Simón Bolívar, quien amplia la triada republicana a cinco poderes públicos, a los tres clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) le suma la Ética del Pueblo y el Poder Popular. Estos principios fueron incorporados en la reforma constitucional de 1994 a través de la incorporación del “Defensor del Pueblo” y de mecanismos de Democracia Participativa, como la Iniciativa y la Consulta Popular. Por supuesto, esta interrelación genera tensiones entre los poderes porque, en definitiva, el Poder Judicial es parte del poder político y como tal se expresa en relación y tensión hacia los otros.
Un ejemplo de esto fue el fallo de la Corte Suprema ante los tarifazos impulsados por Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Energía que, ante el malestar social -base de uno de los poderes bolivarianos, recurrió a los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional que fueron incorporados en la reforma de 1994, para obligar al establecimiento de las Audiencia Públicas e instar al Legislativo a la designación del Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde 2009. A su vez, la Corte Suprema también sufrió un revés, su fallo que favorecía la aplicación del 2X1 a sentencias de genocidas fue contrarrestado por el Congreso Nacional, también con fuerte presión popular. Más allá de las tensiones entre poderes, para garantizar su autonomía y legitimidad, el Poder Judicial debe subsumirse al apego a las leyes y los códigos procesales, donde sus sentencias deben garantizar la igualdad de trato sobre los afectados, para no caer en la arbitrariedad.
Así, es necesario hacer una reflexión crítica sobre la política del Poder Judicial, que generalmente regula sus decisiones según los tiempos políticos del momento. Algo que podría comprenderse desde una visión realista, sin embargo, si éste actúa meramente en función de presiones sociales o políticas subordina su poder y se pierde la base republicana del Estado Moderno. Así, si frente al pedido de la opinión pública de avance sobre la corrupción, que sin duda es legítimo, se aplican criterios judiciales y procesales en forma selectiva, se pierde legitimidad, no se garantiza imparcialidad y, peor aún, se disipa la legalidad y se desprestigia el Poder Judicial.
Porque no se pueden avalar prisiones preventivas como penas anticipadas, sino la pretendida lucha contra la corrupción se deviene en persecución política, en tanto su accionar punitivo es solo hacia quien ya no detenta poder y, peor aún, es indulgente con quienes lo ejercen en la actualidad.
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