Narcocracia asesina estudiantes en México
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18 de Octubre de 2014
MÉXICO
Narcocracia asesina estudiantes en México
Narcoasesinatos. Hallan más de 20 cadáveres de estudiantes incinerados en una fosa común.
“Es dado al hombre, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud; pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará”.
Benito Juárez en su Carta a Maximilano, 1864
Ante las propuestas que impulsan la municipalización de la seguridad, sería bueno reflexionarlas a partir del caso que conmueve a México y a la comunidad internacional. Es que en ese país, la descentralización policial generó una fuerte dependencia de los presidentes comunales de los grupos armados ligados a los cárteles de la droga.
Así, se formó una suerte de narcocracia que gobierna los municipios y actúa casi sin control por parte de los líderes locales. La expresión más acabada de esto es el caso de Iguala, en el estado de Guerrero, donde una protesta estudiantil disgustó a “la señora” María de los Ángeles Villa, esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velásquez, quien pidió a su cónyuge que acabara con ella.
Un pequeño detalle es que la pareja libera el cartel de narcotraficantes “Guerreros Unidos”, que está fuertemente imbricado con la policía municipal. Tal como describe un reportero del diario La Jornada de México, quien mantiene el anonimato por seguridad, los agentes policiales utilizan uniformes de la policía de día y se visten de civil por la noche para integrar las bandas de sicarios del narcotráfico. En cierta medida, se constituyen en dos caras de la misma moneda.
Así, en una de las giras que realizaban los estudiantes, sus autobuses fueron abordados en Iguala, al norte del Estado, por policías que los balearon, provocando la muerte de seis personas, entre ellas tres estudiantes y un jugador de fútbol cuyo auto pasaba por la zona, además de más de veinte heridos. Y el accionar no concluye allí, sino que además arrestaron a 43 estudiantes, que fueron cargados en camionetas sin patente y llevados a rumbos inciertos.
Desde el 26 de septiembre, se encuentran en una situación de desaparecidos, provocando la angustia de familiares y vecinos de los municipios de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y otras poblaciones de Guerrero, que el pasado 4 de octubre se encontraron con la dura noticia, en una sierra vecina de Iguala se encontró una veintena de cadáveres incinerados en una fosa común que, casi sin duda alguna, pertenecen a una parte de los secuestrados. Esta masacre ha horrorizado a México y al mundo entero.
Si bien se puede presentar el caso como la ira de un presidente municipal que manda a sus jefes policiales a amedrentar a estudiantes, que en su mayoría pertenecían a la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, lugar que tiene una larga tradición de activismo estudiantil y político de izquierda, y que los mismos les encargan la tarea a sicarios del narcotráfico, quienes se “exceden” y cometen atrocidades como degollarlos, quitarles la piel y los ojos e incinerarlos con diésel en una fosa.
Sin embargo, Miradas al Sur tuvo acceso a la declaración de Sergio Aguayo, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien sugiere una explicación más de fondo. Comenta Aguayo: “Conversé con Raúl Benitez Manaut, un especialista en seguridad, que me hizo una observación muy pertinente, el talón de Aquiles de la transición mexicana son los municipios, porque los municipios se quedaron solos ante el crimen organizado, que se apropió de ellos, y dependiendo de la banda de criminales de que hablemos, será la violencia que ejerzan en contra de la población, y aquí viene lo más terrible, hay un buen número de municipios en todo México que son regidos con un sistema diferente al sistema político mexicano, son más bien municipios gobernados bajo la lógica autoritaria, en la cual nada puede escaparse del control de quien gobierna, y aquel que ose salirse de ese control, es hostigado, perseguido o asesinado, como es lo que pasó con los estudiantes de guerrero”.
Agrega Aguayo: “En suma, hay factores estructurales, coyunturales y trivialidades que apuntan a un hecho incontrovertible. Nuestros gobernantes no están a la altura de defender a la ciudadanía, que está indefensa, estamos indefensos frente a los criminales que tienen toda la capacidad para robarnos, asesinarnos, extorsionarnos, secuestrarnos, cobrarnos impuestos, porque saben que no hay autoridad capaz de contenerlo, porque en ocasiones, en algunos niveles de gobierno, crimen organizado y el presidente municipal forman parte de la misma banda delicuencial. A eso creo que se debe la tragedia que enluta a todo el país, que es la muerte de estudiantes en Iguala”.
En México hay una narcodictadura. En ese marco, se abona que el hecho es parte del gobierno narco en los municipios de México. Concepto que abona Iskra de la Cruz Hernández, quien es investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado Mexicano y actualmente se encuentra en Buenos Aires cursando una maestría en Flacso. La politóloga conversó con Miradas al Sur y comento: “El hecho es parte de una ‘narcodictadura’, con sabor a democracia. La lista de involucrados es deplorable, porque ya no se podrían hacer listas aisladas: una lista de autoridades políticas y por otro lado, una lista de grupos del crimen organizado por otro, las noticias hablan de la combinación de los grupos”.
–¿Y cómo se formó esta situación?
–Iskra de la Cruz Hernández: El narcoestado, la narcodictadura, se fraguó con el paso de los años, a punta de nepotismo, corrupción y autoritarismo, con autoridades políticas dispuestas a negociar con el narcotráfico y grupos delictivos que tienen más poder y legitimación que las propias fuerzas de defensa del Estado mexicano, el Estado de Guerrero (lugar de los hechos) es uno de los Estados más violentos de la república mexicana, también uno de los más pobres y con más analfabetismo, la ciudad de Iguala, lugar donde fueron atacados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en una fosa colectiva.
–¿Cómo se convierte una pequeña ciudad en panteón? ¿Quién lo permite?
–La masacre del 26 de septiembre del año en curso forma parte de una cadena de asesinatos, de crímenes, crisis que el Estado nacional no ha mencionado en las portadas de los periódicos y televisoras comprados, los estudiantes normalistas buscaban fondos para viajar a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968, atravesaron por la Plaza donde María de los Ángeles Pineda de Abarca rendía informes como presidenta del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia), esposa de José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal. No esperaban encontrarse con la muerte; 22 policías municipales detenidos y varios sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos que confesaron el lugar donde fueron quemados algunos estudiantes, tres prófugos, el director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Valladares, el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; seis estudiantes muertos y 43 que siguen desaparecidos, sicarios que también son parte de la policía municipal, autoridades que son parte de la estructura de organizaciones criminales.
–¿Y qué repercusión tiene a nivel nacional?
–Hay una frase que nuestro “querido presidente” Enrique Peña Nieto reiteró en uno de sus discursos antes de enterarse de esta indignante noticia: “En un Estado de derecho, no hay resquicios para la impunidad”; la realidad con sus inclemencias le responde con la matanza de Tlatlaya, once asesinatos en Chihuhua, la masacre en Iguala con 43 estudiantes desaparecidos, todo en una semana. Mientras, testigos y sobrevivientes declaran, todo parece indicar que el gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera conjunta en el asesinato a mansalva. La industria criminal no sólo busca ganar territorio, para narcomenudeo o monopolizar el traslado de droga sino que ahora busca el poder local, mediante la tributación forzada, extorsión y secuestro; los municipios que han sido los más afectados de la transición democrática en México, pero también los más empoderados ilícitamente, son víctimas de soborno, se extorsiona a las autoridades y así, hasta lograr coludirse con candidatos propios.
–¿Algo que no cambió con el gobierno del PAN?
–El gobierno del PRI –porque no son acontecimientos recientes–, desde los ochenta, negoció y pactó con grupos criminales del momento, al día de hoy, municipios donde ha habido alternancia y el PAN, como el PRD han ocupado cargos públicos, han reproducido las misma prácticas, los grupos del crimen organizado han logrado legitimarse a partir de “regalar miedo” en sociedades donde la violencia ha logrado aterrorizar a la población, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, más conocida como Escuela Normal de Ayotzinapa, representaba a través de los estudiantes combatientes a un grupo de articulación social, un semillero de guerrilleros como Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, maestros rurales, egresados de la misma escuela. Es larga la historia de impunidad, de la que los gobernantes han gozado y heredado, y así es como los grupos criminales se han logrado impostar a través de la protección informal que brindan a autoridades, que representan principalmente a los poderes: ejecutivo y judicial.
Así, se formó una suerte de narcocracia que gobierna los municipios y actúa casi sin control por parte de los líderes locales. La expresión más acabada de esto es el caso de Iguala, en el estado de Guerrero, donde una protesta estudiantil disgustó a “la señora” María de los Ángeles Villa, esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velásquez, quien pidió a su cónyuge que acabara con ella.
Un pequeño detalle es que la pareja libera el cartel de narcotraficantes “Guerreros Unidos”, que está fuertemente imbricado con la policía municipal. Tal como describe un reportero del diario La Jornada de México, quien mantiene el anonimato por seguridad, los agentes policiales utilizan uniformes de la policía de día y se visten de civil por la noche para integrar las bandas de sicarios del narcotráfico. En cierta medida, se constituyen en dos caras de la misma moneda.
Así, en una de las giras que realizaban los estudiantes, sus autobuses fueron abordados en Iguala, al norte del Estado, por policías que los balearon, provocando la muerte de seis personas, entre ellas tres estudiantes y un jugador de fútbol cuyo auto pasaba por la zona, además de más de veinte heridos. Y el accionar no concluye allí, sino que además arrestaron a 43 estudiantes, que fueron cargados en camionetas sin patente y llevados a rumbos inciertos.
Desde el 26 de septiembre, se encuentran en una situación de desaparecidos, provocando la angustia de familiares y vecinos de los municipios de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y otras poblaciones de Guerrero, que el pasado 4 de octubre se encontraron con la dura noticia, en una sierra vecina de Iguala se encontró una veintena de cadáveres incinerados en una fosa común que, casi sin duda alguna, pertenecen a una parte de los secuestrados. Esta masacre ha horrorizado a México y al mundo entero.
Si bien se puede presentar el caso como la ira de un presidente municipal que manda a sus jefes policiales a amedrentar a estudiantes, que en su mayoría pertenecían a la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, lugar que tiene una larga tradición de activismo estudiantil y político de izquierda, y que los mismos les encargan la tarea a sicarios del narcotráfico, quienes se “exceden” y cometen atrocidades como degollarlos, quitarles la piel y los ojos e incinerarlos con diésel en una fosa.
Sin embargo, Miradas al Sur tuvo acceso a la declaración de Sergio Aguayo, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien sugiere una explicación más de fondo. Comenta Aguayo: “Conversé con Raúl Benitez Manaut, un especialista en seguridad, que me hizo una observación muy pertinente, el talón de Aquiles de la transición mexicana son los municipios, porque los municipios se quedaron solos ante el crimen organizado, que se apropió de ellos, y dependiendo de la banda de criminales de que hablemos, será la violencia que ejerzan en contra de la población, y aquí viene lo más terrible, hay un buen número de municipios en todo México que son regidos con un sistema diferente al sistema político mexicano, son más bien municipios gobernados bajo la lógica autoritaria, en la cual nada puede escaparse del control de quien gobierna, y aquel que ose salirse de ese control, es hostigado, perseguido o asesinado, como es lo que pasó con los estudiantes de guerrero”.
Agrega Aguayo: “En suma, hay factores estructurales, coyunturales y trivialidades que apuntan a un hecho incontrovertible. Nuestros gobernantes no están a la altura de defender a la ciudadanía, que está indefensa, estamos indefensos frente a los criminales que tienen toda la capacidad para robarnos, asesinarnos, extorsionarnos, secuestrarnos, cobrarnos impuestos, porque saben que no hay autoridad capaz de contenerlo, porque en ocasiones, en algunos niveles de gobierno, crimen organizado y el presidente municipal forman parte de la misma banda delicuencial. A eso creo que se debe la tragedia que enluta a todo el país, que es la muerte de estudiantes en Iguala”.
En México hay una narcodictadura. En ese marco, se abona que el hecho es parte del gobierno narco en los municipios de México. Concepto que abona Iskra de la Cruz Hernández, quien es investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado Mexicano y actualmente se encuentra en Buenos Aires cursando una maestría en Flacso. La politóloga conversó con Miradas al Sur y comento: “El hecho es parte de una ‘narcodictadura’, con sabor a democracia. La lista de involucrados es deplorable, porque ya no se podrían hacer listas aisladas: una lista de autoridades políticas y por otro lado, una lista de grupos del crimen organizado por otro, las noticias hablan de la combinación de los grupos”.
–¿Y cómo se formó esta situación?
–Iskra de la Cruz Hernández: El narcoestado, la narcodictadura, se fraguó con el paso de los años, a punta de nepotismo, corrupción y autoritarismo, con autoridades políticas dispuestas a negociar con el narcotráfico y grupos delictivos que tienen más poder y legitimación que las propias fuerzas de defensa del Estado mexicano, el Estado de Guerrero (lugar de los hechos) es uno de los Estados más violentos de la república mexicana, también uno de los más pobres y con más analfabetismo, la ciudad de Iguala, lugar donde fueron atacados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en una fosa colectiva.
–¿Cómo se convierte una pequeña ciudad en panteón? ¿Quién lo permite?
–La masacre del 26 de septiembre del año en curso forma parte de una cadena de asesinatos, de crímenes, crisis que el Estado nacional no ha mencionado en las portadas de los periódicos y televisoras comprados, los estudiantes normalistas buscaban fondos para viajar a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968, atravesaron por la Plaza donde María de los Ángeles Pineda de Abarca rendía informes como presidenta del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia), esposa de José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal. No esperaban encontrarse con la muerte; 22 policías municipales detenidos y varios sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos que confesaron el lugar donde fueron quemados algunos estudiantes, tres prófugos, el director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Valladares, el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; seis estudiantes muertos y 43 que siguen desaparecidos, sicarios que también son parte de la policía municipal, autoridades que son parte de la estructura de organizaciones criminales.
–¿Y qué repercusión tiene a nivel nacional?
–Hay una frase que nuestro “querido presidente” Enrique Peña Nieto reiteró en uno de sus discursos antes de enterarse de esta indignante noticia: “En un Estado de derecho, no hay resquicios para la impunidad”; la realidad con sus inclemencias le responde con la matanza de Tlatlaya, once asesinatos en Chihuhua, la masacre en Iguala con 43 estudiantes desaparecidos, todo en una semana. Mientras, testigos y sobrevivientes declaran, todo parece indicar que el gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera conjunta en el asesinato a mansalva. La industria criminal no sólo busca ganar territorio, para narcomenudeo o monopolizar el traslado de droga sino que ahora busca el poder local, mediante la tributación forzada, extorsión y secuestro; los municipios que han sido los más afectados de la transición democrática en México, pero también los más empoderados ilícitamente, son víctimas de soborno, se extorsiona a las autoridades y así, hasta lograr coludirse con candidatos propios.
–¿Algo que no cambió con el gobierno del PAN?
–El gobierno del PRI –porque no son acontecimientos recientes–, desde los ochenta, negoció y pactó con grupos criminales del momento, al día de hoy, municipios donde ha habido alternancia y el PAN, como el PRD han ocupado cargos públicos, han reproducido las misma prácticas, los grupos del crimen organizado han logrado legitimarse a partir de “regalar miedo” en sociedades donde la violencia ha logrado aterrorizar a la población, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, más conocida como Escuela Normal de Ayotzinapa, representaba a través de los estudiantes combatientes a un grupo de articulación social, un semillero de guerrilleros como Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, maestros rurales, egresados de la misma escuela. Es larga la historia de impunidad, de la que los gobernantes han gozado y heredado, y así es como los grupos criminales se han logrado impostar a través de la protección informal que brindan a autoridades, que representan principalmente a los poderes: ejecutivo y judicial.
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