La herida abierta del golpe a Lugo
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La herida abierta del golpe a Lugo
Año 7. Edición número 309. Domingo 20 de Abril de 2014
Provocación. La muerte de 17 personas (civiles y policías) en Curuguaty fue la excusa perfecta que utilizó la derecha paraguaya para desplazar al presidente Lugo.
Trágicamente, la izquierda paraguaya tiene que salir a festejar como conquista la aplicación de un derecho ante un terrible hecho de injusticia. Es que los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, que provocó la muerte de 17 personas (10 civiles y 7 policías) y que fue la punta de iceberg para el derrocamiento del gobierno constitucional del ex presidente Fernando Lugo, estuvieron 58 días en huelga de hambre, acompañados por sus mujeres que se encadenaron con sus hijos frente a la cárcel, para lograr que el mundo tome nota de semejante aberración jurídica y política, y conseguir que el Tribunal de Guaira conceda la prisión domiciliaria a 5 presos que llevan más de 22 meses de prisión sin cargo y sin culpa. Sin duda, la masacre de Curuguaty es aún una herida abierta en la política paraguaya que aún sangra los reclamos por la tierra y la justicia social.
Una fría mañana del 15 de junio de 2012, unos 150 campesinos que reclamaban tierras eran intimados por efectivos de la Policía Nacional paraguaya, apoyados por un Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Ciudad del Este especializado en desalojos, encabezados por el subcomisario Erven Lovera que, cuando se aprestaba a ejecutar el proceso, recibió un balazo certero a la cabeza que le dio la muerte. Luego otros 6 efectivos del GEO recibirían disparos y perderían la vida junto a su jefe. Inmediatamente, los campesinos fueron ametrallados, acusados de ser responsables de los disparos realizados con armas de precisión que jamás aparecieron, y le causaron la muerte al menos a 10 de ellos, además de generar más de 80 heridos de bala.
Por la masacre se buscaron responsables, e inmediatamente se acusó a los campesinos y luego al ex presidente Fernando Lugo. La acusación del suboficial 2º de policía Nelson Zaracho, herido de bala en los enfrentamientos, sostiene que la masacre fue orquestada por los ocupantes de las tierras de Campos Morombí que, según él, los esperaban con todo planificado en una emboscada. Claro que sin especificar por qué un cuerpo de elite no pudo detectar la organización de ese atentado. En tanto que al ex presidente Fernando Lugo se lo acusó de permitir la permisividad del Ministerio del Interior hacia los campesinos sin prevenir la protección de los uniformados, además de dejar un manto de sospecha sobre el fantasma la presencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el hecho, que se supone realizaba entrenamientos en campos cercanos.
Sin embargo, no se repara en que la decisión de los campesinos de no abandonar esas tierras, hasta que se trajeran cédulas que acreditasen la presunta propiedad de Blas N. Riquelme, implicaba un marco de diálogo con las autoridades como era habitual en los reclamos de desalojo. Sin embargo, la Justicia que actúa como brazo auxiliar de los terratenientes, en vez dar una orden judicial contra quienes realmente usurpan tierras del Estado paraguayo, procedió a generar argumentos capciosos y resoluciones judiciales extraordinarias para ordenar el desalojo que causó la violencia esa mañana.
Y la arbitrariedad no concluyó allí. La investigación de los hechos fue conducida por Jalil Rachid, hijo del ex presidente del Partido Colorado Bader Rachid, y por Blas Riquelme, un empresario que según Comisión de la Verdad sobre la Dictadura de Stroessner adquirió propiedades de manera anómala durante ese período y usaba ese terreno desde 2004 y reivindicaba la posesión de las tierras, o sea, constituido en juez y parte. Así, concluida la realización de las pesquisas, en octubre de 2012, se presentaron diferentes irregularidades, como la ausencia de resultados de las autopsias y de los informes de balística. Por ejemplo, si bien los disparos fueron hechos con armas de precisión, se tomaron como elementos del crimen escopetas que no disparaban. Además, hay indicios de alteración de la escena del crimen, con la desaparición de decenas de casquillos de armas automáticas que fueron utilizadas en el enfrentamiento. A pesar de los vicios, se dictó prisión preventiva sobre una lista de campesinos que fueron acusados de homicidio doloso agravado, sin que se halla comprobado su presencia en el hecho.
De hecho, una investigación realizada por el jurista español Aitor Martínez Jiménez, encargada por la Plataforma de Estudios de Conflictos Campesinos (PECC) recogió una infinidad de pruebas que desmienten la versión oficial sobre una emboscada. De hecho, presenta un video crucial donde había mujeres y niños en la línea de fuego que aborta hipótesis de una masacre planificada por parte de los campesinos. La fragilidad en una investigación, que aborda uno de los hechos más importantes de la política paraguaya reciente, denota que el centro está en un tema político y no jurídico, que orientó el accionar hacia el derrocamiento del gobierno de Fernando Lugo.
Lo cierto es que el hecho permitió la embestida por parte de los bloques parlamentarios del Partido Colorado (PC) y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), integrados por ex simpatizantes de Alfredo Stroessner (1954-1989), contra el ex presidente Fernando Lugo, que lo destituyeron para nombrar en su reemplazo al vicepresidente Federico Franco, del PLRA, agrupación política que participó de la Alianza Patriótica para el Cambio en 2008 que permitió la elección del ex obispo. Esto permitió la transición para la elección de un magnate de los agro-negocios, Horacio Cartes, permitiendo el regreso de los colorados y el poder terrateniente al poder.
La elección de Lugo había cerrado un reinado del Partido Colorado que venía desde su ascenso por medio de un golpe militar en 1948, con la experiencia de una dictadura de 35 años, encabezada por el general Alfredo Stroessner y con una transición hacia la democracia conducida por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, quien tuvo el apoyo de los Estados Unidos para impulsar una reforma neoliberal en ese empobrecido país. Con la sanción de una nueva constitución en 1992, comenzó el proceso de desmantelamiento de las políticas keynesianas con la que contaba el Estado en ese momento. Así, se profundizó la concentración económica que significó el incremento de la pobreza, que pasó del 18% en 1992 al 50% en 2002 y la indigencia del 9% al 20%, respectivamente. La gestión de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) cerró la gestión del Partido Colorado en el interregno democrático con unos guarismos que se mantuvieron entre 42% de pobreza y 18% de indigencia.
Con la llegada de Fernando Lugo, la tendencia en baja fue permanente, hasta alcanzar un 32,4% y a un 16%, respectivamente. Incluso, el gobierno de Horacio Cartes intentó mostrar una milagrosa reducción de la pobreza, aludiendo una caída al 23,8% y al 10,1%; expertos de la Sociedad de Economía Política de Paraguay (Seppy) cuestionaron la metodología realizada por la Encuesta Permanente de Hogares de 2013, aludiendo deficiencia metodológicas graves, que van desde el reducido muestreo hasta la exclusión de ciudades importantes de la muestra.
En definitiva, mientras campesinos y organizaciones sociales volvieron a marchar pidiendo justicia para los enjuiciados de Curuguaty, reclamando su libertad, la Justicia paraguaya se ensaña con Rubén Villalba, uno de los detenidos que realizó la huelga de hambre, revocando su libertad domiciliaria en base a una supuesta participación en la ocupación de otro predio en Pindo, cercano a Curuguaty, lo que muestra la vigencia del poder de los terratenientes y el clamor por una reforma agraria en ese país.
Una fría mañana del 15 de junio de 2012, unos 150 campesinos que reclamaban tierras eran intimados por efectivos de la Policía Nacional paraguaya, apoyados por un Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Ciudad del Este especializado en desalojos, encabezados por el subcomisario Erven Lovera que, cuando se aprestaba a ejecutar el proceso, recibió un balazo certero a la cabeza que le dio la muerte. Luego otros 6 efectivos del GEO recibirían disparos y perderían la vida junto a su jefe. Inmediatamente, los campesinos fueron ametrallados, acusados de ser responsables de los disparos realizados con armas de precisión que jamás aparecieron, y le causaron la muerte al menos a 10 de ellos, además de generar más de 80 heridos de bala.
Por la masacre se buscaron responsables, e inmediatamente se acusó a los campesinos y luego al ex presidente Fernando Lugo. La acusación del suboficial 2º de policía Nelson Zaracho, herido de bala en los enfrentamientos, sostiene que la masacre fue orquestada por los ocupantes de las tierras de Campos Morombí que, según él, los esperaban con todo planificado en una emboscada. Claro que sin especificar por qué un cuerpo de elite no pudo detectar la organización de ese atentado. En tanto que al ex presidente Fernando Lugo se lo acusó de permitir la permisividad del Ministerio del Interior hacia los campesinos sin prevenir la protección de los uniformados, además de dejar un manto de sospecha sobre el fantasma la presencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el hecho, que se supone realizaba entrenamientos en campos cercanos.
Sin embargo, no se repara en que la decisión de los campesinos de no abandonar esas tierras, hasta que se trajeran cédulas que acreditasen la presunta propiedad de Blas N. Riquelme, implicaba un marco de diálogo con las autoridades como era habitual en los reclamos de desalojo. Sin embargo, la Justicia que actúa como brazo auxiliar de los terratenientes, en vez dar una orden judicial contra quienes realmente usurpan tierras del Estado paraguayo, procedió a generar argumentos capciosos y resoluciones judiciales extraordinarias para ordenar el desalojo que causó la violencia esa mañana.
Y la arbitrariedad no concluyó allí. La investigación de los hechos fue conducida por Jalil Rachid, hijo del ex presidente del Partido Colorado Bader Rachid, y por Blas Riquelme, un empresario que según Comisión de la Verdad sobre la Dictadura de Stroessner adquirió propiedades de manera anómala durante ese período y usaba ese terreno desde 2004 y reivindicaba la posesión de las tierras, o sea, constituido en juez y parte. Así, concluida la realización de las pesquisas, en octubre de 2012, se presentaron diferentes irregularidades, como la ausencia de resultados de las autopsias y de los informes de balística. Por ejemplo, si bien los disparos fueron hechos con armas de precisión, se tomaron como elementos del crimen escopetas que no disparaban. Además, hay indicios de alteración de la escena del crimen, con la desaparición de decenas de casquillos de armas automáticas que fueron utilizadas en el enfrentamiento. A pesar de los vicios, se dictó prisión preventiva sobre una lista de campesinos que fueron acusados de homicidio doloso agravado, sin que se halla comprobado su presencia en el hecho.
De hecho, una investigación realizada por el jurista español Aitor Martínez Jiménez, encargada por la Plataforma de Estudios de Conflictos Campesinos (PECC) recogió una infinidad de pruebas que desmienten la versión oficial sobre una emboscada. De hecho, presenta un video crucial donde había mujeres y niños en la línea de fuego que aborta hipótesis de una masacre planificada por parte de los campesinos. La fragilidad en una investigación, que aborda uno de los hechos más importantes de la política paraguaya reciente, denota que el centro está en un tema político y no jurídico, que orientó el accionar hacia el derrocamiento del gobierno de Fernando Lugo.
Lo cierto es que el hecho permitió la embestida por parte de los bloques parlamentarios del Partido Colorado (PC) y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), integrados por ex simpatizantes de Alfredo Stroessner (1954-1989), contra el ex presidente Fernando Lugo, que lo destituyeron para nombrar en su reemplazo al vicepresidente Federico Franco, del PLRA, agrupación política que participó de la Alianza Patriótica para el Cambio en 2008 que permitió la elección del ex obispo. Esto permitió la transición para la elección de un magnate de los agro-negocios, Horacio Cartes, permitiendo el regreso de los colorados y el poder terrateniente al poder.
La elección de Lugo había cerrado un reinado del Partido Colorado que venía desde su ascenso por medio de un golpe militar en 1948, con la experiencia de una dictadura de 35 años, encabezada por el general Alfredo Stroessner y con una transición hacia la democracia conducida por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, quien tuvo el apoyo de los Estados Unidos para impulsar una reforma neoliberal en ese empobrecido país. Con la sanción de una nueva constitución en 1992, comenzó el proceso de desmantelamiento de las políticas keynesianas con la que contaba el Estado en ese momento. Así, se profundizó la concentración económica que significó el incremento de la pobreza, que pasó del 18% en 1992 al 50% en 2002 y la indigencia del 9% al 20%, respectivamente. La gestión de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) cerró la gestión del Partido Colorado en el interregno democrático con unos guarismos que se mantuvieron entre 42% de pobreza y 18% de indigencia.
Con la llegada de Fernando Lugo, la tendencia en baja fue permanente, hasta alcanzar un 32,4% y a un 16%, respectivamente. Incluso, el gobierno de Horacio Cartes intentó mostrar una milagrosa reducción de la pobreza, aludiendo una caída al 23,8% y al 10,1%; expertos de la Sociedad de Economía Política de Paraguay (Seppy) cuestionaron la metodología realizada por la Encuesta Permanente de Hogares de 2013, aludiendo deficiencia metodológicas graves, que van desde el reducido muestreo hasta la exclusión de ciudades importantes de la muestra.
En definitiva, mientras campesinos y organizaciones sociales volvieron a marchar pidiendo justicia para los enjuiciados de Curuguaty, reclamando su libertad, la Justicia paraguaya se ensaña con Rubén Villalba, uno de los detenidos que realizó la huelga de hambre, revocando su libertad domiciliaria en base a una supuesta participación en la ocupación de otro predio en Pindo, cercano a Curuguaty, lo que muestra la vigencia del poder de los terratenientes y el clamor por una reforma agraria en ese país.
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