La oportunidad para que Dilma construya nuevos consensos
29.06.2013 | panorama internacional
La oportunidad para que Dilma construya nuevos consensos
La presidenta de Brasil puede aprovechar la fuerza de las calles, como en las artes marciales, a su favor.
Finalmente, y contra todas las expectativas, el Mundial de Brasil se está convirtiendo en un problema de inesperadas consecuencias. Y se verá en la final de la Copa Confederaciones hasta qué punto las movilizaciones que comenzaron con una protesta por el aumento del boleto de colectivo calientan el clima en los alrededores del Estadio Maracaná en la final de España con la verdeamarelha.
Que la construcción de megaestadios para el certamen de la FIFA y para las olimpíadas de Río de Janeiro de 2016 estaba levantando indignación era algo visible desde hace tiempo. Ya una edición de nuestro suplemento Claves del Mundo del 28 de abril pasado, con el título "La otra cara del Mundial", lo había advertido. Como dijeron algunos de los columnistas en ese número, no todo era color de rosa en esta etapa en que Brasil se estrena como jugador de las grandes ligas, pero con severas cuentas pendientes hacia adentro de sus fronteras. Lo que nadie imaginaba era que en tan poco tiempo todo estallaría por los aires dejando la sensación de que nadie sabe cómo seguirá la película. Pero con la certeza, también, de que todos los ingredientes están sobre la mesa como pocas veces antes en la historia brasileña.
Se repite con acierto que Brasil es un país de consensos. Lo supo el PT, el partido creado por el metalúrgico Lula da Silva, cuando se dio cuenta de que las reivindicaciones por las que luchaba desde su sindicato paulista –que primero lo habían llevado a la formación de la Central única de Trabajadores como herramienta sindical– chocaba con la realidad de que era necesario tener representación política si no quería que su utopía terminara en una mera lucha testimonial.
Pero una síntesis de ese estilo de negociación pacífica y "civilizada" quedó plasmado –a empellones– con la ley electoral pergeñada por la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985 para que nada cambiara cuando tuvieran que dejar el poder. Por eso de la "gobernabilidad".
Conocido como "sistema de preferencias", la legislación permite que cada candidato "adhiera a un partido pero a la vez junte votos de manera personal", como resalta Ricardo Romero, politólogo de la UBA y la UNSAM y habitual columnista de Tiempo Argentino. Este método garantizó hasta ahora que no haya una mayoría en el Congreso favorable a cambios profundos en la sociedad, ya que la negociación no es sólo con la oposición sino también hacia adentro de cada partido. Y además, hay una sobre representación de los Estados menos poblados en detrimento de los más populosos, lo que en sí mismo no sería un problema, pero genera grandes diferencias entre la posición de los distritos más industrializados y los territorios donde la economía gira en torno producciones con menor valor agregado.
El PT intentó llegar al gobierno de la mano de Lula en 1989, 1994 y 1998. Estuvo cerca, pero ese poquito que faltaba para ganar convenció a los líderes "petistas" de que era necesario rendirse ante la evidencia de que sin alianzas no habría gobierno. Ese papel jugó el ex guerrillero José Dirceu, quien logró aglutinar alrededor del sindicalista a una serie de partidos menores, en un amplio abanico que iba desde la izquierda a la derecha pasando por las iglesias evangelistas. Su vicepresidente fue el fallecido empresario José Alencar, uno de los más ricos de Brasil, que había apoyado el golpe del '64.
Hace diez años, Lula llegaba al Palacio del Planalto como una esperanza para millones que al fin habían logrado coronarlo por una trayectoria impecable como dirigente gremial. Había ganado con un discurso de igualdad social y de fuerte compromiso en contra de la corrupción. Pero allí también comenzaría una saga que incluso podría llevarlo a una condena.
Porque Dirceu, para entonces su hombre de confianza y jefe de Gabinete, terminaría implicado en una denuncia de uno de los socios electorales del "travalhismo" en lo que se llamó el "escándalo del mensalão". Que no era otra cosa que el aporte económico para los partidos aliados. Pero que en boca de un hombre de la derecha más rancia como Roberto Jefferson ante la revista Veja fue el gran titular escandaloso. El PT, que prometía combatir la corrupción, soborna a diputados para que les aprueben las leyes.
Mientras tanto, Brasil desplegó una fuerte política exterior y se posicionó fuerte en el ámbito regional. Aquí también hubo un acuerdo razonable de todos los sectores en pugna. Itamaraty, la cancillería brasileña, tiene políticas nacionales a más largo plazo que los dirigentes políticos. Incluso se dice que la diplomacia brasileña es quien realmente gobierna en el Planalto. En este caso se unió la tradición internacionalista de un partido de izquierdas como el PT y la comunidad de intereses dio sus frutos: Brasil es uno de los países centrales en el siglo XXI, las empresas brasileñas se trasnacionalizaron y tienen negocios en todo el continente y más allá.
En este contexto la realización del Mundial de Fútbol y de las Olimpíadas se convirtió en una necesidad de marketing político. Por eso era importante para el gobierno, que podía demostrar los logros de una gestión encabezada por un tornero mecánico, para Itamaraty, que representa los intereses exteriores de una potencia emergente y no de un país subdesarrollado, y para los empresarios, que si ya venían ganando con los planes económicos que incorporaron casi 40 millones de pobres al consumo, con las obras públicas multiplicaron sus ingresos mucho más.
Hasta que de pronto todo parece desmoronarse. Dirceu fue condenado en octubre del año pasado y lo que comenzó como un simple aumento de un "vintén" como diría Zitarrosa, destapó una olla mucho más grande. Y del boleto se pasó a la represión, que costó la vida de unas 10 personas –otra cuenta pendiente del oficialismo, la democratización de las policías, por más que las fuerzas de seguridad dependan de los gobiernos estaduales– y de allí a protestar por los gastos multimillonarios en eventos organizados por la FIFA y el Comité Olímpico y los déficits en salud y educación.
La primera reacción de la presidenta Dilma Rousseff, cuando salió del estupor, fue decir que había oído el reclamo del pueblo. La segunda fue convocar a un referéndum con la aspiración de reformar la constitución y el sistema electoral y de representación. Los manifestantes, en tanto, consiguieron pequeñas victorias en el Congreso. Así, fue dejada de lado una reforma conocida como PEC 37, que iba a dar mayor poder para investigar a la policía en lugar de los fiscales. Los líderes de la protesta consideraban que esa medida estaba destinada a impedir que se pudiera juzgar delitos de corrupción. Pero también le dejaba las manos libres a los zorros para controlar los gallineros, dicho mal y pronto.
También en estos días se aprobó una ley que pasa a considerar a la corrupción pública como un delito grave, lo que endurece las sentencias. Apurados por el ruido de las calles, la justicia ordenó el arresto de un diputado que había sido condenado por el desvío de fondos públicos.
Al mismo tiempo, los legisladores aprobaron destinar a las áreas de educación y salud a la totalidad de las regalías petroleras correspondientes al gobierno federal, a los estados y los municipios.
Dilma, que tiene un pasado de lucha, recordó en uno de sus discursos lo que le costó a su generación conseguir la democracia. Ahora tiene el desafío de profundizar los derechos y las garantías para todos los ciudadanos. Y ese reclamo de igualar para arriba, justo y también lógico en el marco de los millones de brasileños que ahora tienen ante sí otro horizonte de expectativas, es la gran oportunidad de conseguir lo que por las vías de los consensos no se había alcanzado.
Tras un encuentro de la presidenta con el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Joaquim Barbosa, el primer negro en llegar a ese cargo en la historia brasileña, deslizó algunos conceptos que el gobierno debería tomar como música para sus oídos: "La democracia no está en riesgo (…) el país está sumergido en una grave crisis de legitimidad (…) Brasil está cansado de reformas de cúpulas políticas que atienden sólo sus intereses específicos."
Carlos Ayres Britto, quien fuera presidente de esa misma corte hasta finales del año pasado, sostuvo en los considerandos de la condena a Dirceu que "el sentido de las alianzas (políticas) es el de su transitoriedad", y agregó que "cada partido goza de autonomía política, administrativa y financiera. Tiene una identidad ideológica o político-filosófica que se pone en suspenso para formar alianzas en el período electoral", pero, pontificó, una vez terminado este período deben ser "substituidas por alianzas tópicas, puntuales, episódicas, para la aprobación de proyectos específicos". Una especie de reclamo a la dirigencia para modificar esta legislación que retoma Barbosa.
Dilma está en condiciones de aprovechar la fuerza de las calles, como en las artes marciales, a su favor. Y hacer de esta crisis la oportunidad para nuevos consensos que incluyan a las mayorías que en el país del fútbol protesta contra el Mundial. -
Que la construcción de megaestadios para el certamen de la FIFA y para las olimpíadas de Río de Janeiro de 2016 estaba levantando indignación era algo visible desde hace tiempo. Ya una edición de nuestro suplemento Claves del Mundo del 28 de abril pasado, con el título "La otra cara del Mundial", lo había advertido. Como dijeron algunos de los columnistas en ese número, no todo era color de rosa en esta etapa en que Brasil se estrena como jugador de las grandes ligas, pero con severas cuentas pendientes hacia adentro de sus fronteras. Lo que nadie imaginaba era que en tan poco tiempo todo estallaría por los aires dejando la sensación de que nadie sabe cómo seguirá la película. Pero con la certeza, también, de que todos los ingredientes están sobre la mesa como pocas veces antes en la historia brasileña.
Se repite con acierto que Brasil es un país de consensos. Lo supo el PT, el partido creado por el metalúrgico Lula da Silva, cuando se dio cuenta de que las reivindicaciones por las que luchaba desde su sindicato paulista –que primero lo habían llevado a la formación de la Central única de Trabajadores como herramienta sindical– chocaba con la realidad de que era necesario tener representación política si no quería que su utopía terminara en una mera lucha testimonial.
Pero una síntesis de ese estilo de negociación pacífica y "civilizada" quedó plasmado –a empellones– con la ley electoral pergeñada por la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985 para que nada cambiara cuando tuvieran que dejar el poder. Por eso de la "gobernabilidad".
Conocido como "sistema de preferencias", la legislación permite que cada candidato "adhiera a un partido pero a la vez junte votos de manera personal", como resalta Ricardo Romero, politólogo de la UBA y la UNSAM y habitual columnista de Tiempo Argentino. Este método garantizó hasta ahora que no haya una mayoría en el Congreso favorable a cambios profundos en la sociedad, ya que la negociación no es sólo con la oposición sino también hacia adentro de cada partido. Y además, hay una sobre representación de los Estados menos poblados en detrimento de los más populosos, lo que en sí mismo no sería un problema, pero genera grandes diferencias entre la posición de los distritos más industrializados y los territorios donde la economía gira en torno producciones con menor valor agregado.
El PT intentó llegar al gobierno de la mano de Lula en 1989, 1994 y 1998. Estuvo cerca, pero ese poquito que faltaba para ganar convenció a los líderes "petistas" de que era necesario rendirse ante la evidencia de que sin alianzas no habría gobierno. Ese papel jugó el ex guerrillero José Dirceu, quien logró aglutinar alrededor del sindicalista a una serie de partidos menores, en un amplio abanico que iba desde la izquierda a la derecha pasando por las iglesias evangelistas. Su vicepresidente fue el fallecido empresario José Alencar, uno de los más ricos de Brasil, que había apoyado el golpe del '64.
Hace diez años, Lula llegaba al Palacio del Planalto como una esperanza para millones que al fin habían logrado coronarlo por una trayectoria impecable como dirigente gremial. Había ganado con un discurso de igualdad social y de fuerte compromiso en contra de la corrupción. Pero allí también comenzaría una saga que incluso podría llevarlo a una condena.
Porque Dirceu, para entonces su hombre de confianza y jefe de Gabinete, terminaría implicado en una denuncia de uno de los socios electorales del "travalhismo" en lo que se llamó el "escándalo del mensalão". Que no era otra cosa que el aporte económico para los partidos aliados. Pero que en boca de un hombre de la derecha más rancia como Roberto Jefferson ante la revista Veja fue el gran titular escandaloso. El PT, que prometía combatir la corrupción, soborna a diputados para que les aprueben las leyes.
Mientras tanto, Brasil desplegó una fuerte política exterior y se posicionó fuerte en el ámbito regional. Aquí también hubo un acuerdo razonable de todos los sectores en pugna. Itamaraty, la cancillería brasileña, tiene políticas nacionales a más largo plazo que los dirigentes políticos. Incluso se dice que la diplomacia brasileña es quien realmente gobierna en el Planalto. En este caso se unió la tradición internacionalista de un partido de izquierdas como el PT y la comunidad de intereses dio sus frutos: Brasil es uno de los países centrales en el siglo XXI, las empresas brasileñas se trasnacionalizaron y tienen negocios en todo el continente y más allá.
En este contexto la realización del Mundial de Fútbol y de las Olimpíadas se convirtió en una necesidad de marketing político. Por eso era importante para el gobierno, que podía demostrar los logros de una gestión encabezada por un tornero mecánico, para Itamaraty, que representa los intereses exteriores de una potencia emergente y no de un país subdesarrollado, y para los empresarios, que si ya venían ganando con los planes económicos que incorporaron casi 40 millones de pobres al consumo, con las obras públicas multiplicaron sus ingresos mucho más.
Hasta que de pronto todo parece desmoronarse. Dirceu fue condenado en octubre del año pasado y lo que comenzó como un simple aumento de un "vintén" como diría Zitarrosa, destapó una olla mucho más grande. Y del boleto se pasó a la represión, que costó la vida de unas 10 personas –otra cuenta pendiente del oficialismo, la democratización de las policías, por más que las fuerzas de seguridad dependan de los gobiernos estaduales– y de allí a protestar por los gastos multimillonarios en eventos organizados por la FIFA y el Comité Olímpico y los déficits en salud y educación.
La primera reacción de la presidenta Dilma Rousseff, cuando salió del estupor, fue decir que había oído el reclamo del pueblo. La segunda fue convocar a un referéndum con la aspiración de reformar la constitución y el sistema electoral y de representación. Los manifestantes, en tanto, consiguieron pequeñas victorias en el Congreso. Así, fue dejada de lado una reforma conocida como PEC 37, que iba a dar mayor poder para investigar a la policía en lugar de los fiscales. Los líderes de la protesta consideraban que esa medida estaba destinada a impedir que se pudiera juzgar delitos de corrupción. Pero también le dejaba las manos libres a los zorros para controlar los gallineros, dicho mal y pronto.
También en estos días se aprobó una ley que pasa a considerar a la corrupción pública como un delito grave, lo que endurece las sentencias. Apurados por el ruido de las calles, la justicia ordenó el arresto de un diputado que había sido condenado por el desvío de fondos públicos.
Al mismo tiempo, los legisladores aprobaron destinar a las áreas de educación y salud a la totalidad de las regalías petroleras correspondientes al gobierno federal, a los estados y los municipios.
Dilma, que tiene un pasado de lucha, recordó en uno de sus discursos lo que le costó a su generación conseguir la democracia. Ahora tiene el desafío de profundizar los derechos y las garantías para todos los ciudadanos. Y ese reclamo de igualar para arriba, justo y también lógico en el marco de los millones de brasileños que ahora tienen ante sí otro horizonte de expectativas, es la gran oportunidad de conseguir lo que por las vías de los consensos no se había alcanzado.
Tras un encuentro de la presidenta con el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Joaquim Barbosa, el primer negro en llegar a ese cargo en la historia brasileña, deslizó algunos conceptos que el gobierno debería tomar como música para sus oídos: "La democracia no está en riesgo (…) el país está sumergido en una grave crisis de legitimidad (…) Brasil está cansado de reformas de cúpulas políticas que atienden sólo sus intereses específicos."
Carlos Ayres Britto, quien fuera presidente de esa misma corte hasta finales del año pasado, sostuvo en los considerandos de la condena a Dirceu que "el sentido de las alianzas (políticas) es el de su transitoriedad", y agregó que "cada partido goza de autonomía política, administrativa y financiera. Tiene una identidad ideológica o político-filosófica que se pone en suspenso para formar alianzas en el período electoral", pero, pontificó, una vez terminado este período deben ser "substituidas por alianzas tópicas, puntuales, episódicas, para la aprobación de proyectos específicos". Una especie de reclamo a la dirigencia para modificar esta legislación que retoma Barbosa.
Dilma está en condiciones de aprovechar la fuerza de las calles, como en las artes marciales, a su favor. Y hacer de esta crisis la oportunidad para nuevos consensos que incluyan a las mayorías que en el país del fútbol protesta contra el Mundial. -
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