El diálogo con la oposición abre críticas por parte de aliados, algo que la presidenta intenta contrarrestar con políticas desarrollistas.
Dilma se corta sola. Se aleja de Lula y busca nuevos aliados políticos. (AP)
Las tensiones que vive el gobierno de Dilma Rousseff, abren un interrogante sobre los nuevos lineamientos que tomará la gestión. Desde la derrota parlamentaria por el Código Forestal a la salida de Antonio Palocci, la mandataria brasileña redefine sus relaciones con aliados y oposición. Estos nuevos acuerdos perfilan un juego político distinto, que van más allá de un estilo propio diferente a su antecesor. Este diálogo con la oposición abre críticas por parte de aliados, algo que la presidenta intenta contrarrestar con políticas desarrollistas. Sin embargo, se despiertan nuevos frentes, en temas como indigenismo o derechos civiles, que interpelan el progresismo del gobierno brasileño.
El hecho más destacado, tras el reemplazo de sus ministros, fue que Dilma Rousseff debió ceder ante presiones de sus aliados de derecha. Ante el pedido del ex mandatario José Sarney (Pmdb), la presidenta de Brasil decidió postergar la apertura de los archivos de represión y tortura de la dictadura, punto que incrementó la fricción con Inácio Lula da Silva y el mismo PT, que se había pronunciado a favor de respaldar el proyecto de publicación de las acciones militares en 1964-1985.
Incluso, el llamado de Fernando Henrique Cardoso, en respuesta al saludo de cumpleaños que le envió Rousseff, generó sorpresa en aliados y elogios en oposición, que intenta presentar como un giro a derecha las acciones de la mandataria. Sobre el hecho, el senador oficialista, Cristovam Buarque, señaló “que la presidenta y Cardoso se aproximen y muestren voluntad de diálogo es un hecho histórico que va a marcar al nuevo gobierno”.
Lo cierto es, que Dilma Rousseff intenta recomponer el diálogo con el parlamento y articular una nueva relación, tanto con los diez partidos que componen la coalición de gobierno como con los bloques más importantes de la oposición. En tal sentido, la ex senadora y flamante jefa de la Casa Civil, Gleise Hoffman, intenta construir un consenso pluripartidario para morigerar aspectos negativos del texto de Código Forestal aprobado en Diputados, como la posibilidad que los estados legislen sobre cuestiones ambientales, aptitud diferente a la amenaza de vetar los puntos.
Para reafirmar su impronta progresista, el gobierno de Rousseff impulsa una serie de proyectos y políticas que propician la inclusión social. La mandataria anunció, como una de sus prioridades, el envío al Parlamento de una propuesta de cambio tributario, que si bien será escalonada, dejando de lado una reforma amplia que oportunamente intentó Lula en su mandato (2003-2011), pareciera tener consensos que permitirían avanzar en aprobaciones parciales, como la disminución del Icms (Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios Interestaduales).
En tanto que, en el plano del combate a la miseria, el gobierno brasileño resolvió incrementar de 2 a 2,6 millones el número de casas a bajo costo a ser construidas hasta el final de su mandato en 2014. Y suma el enfoque de género que tendrá el Plan Brasil sin Miseria, lanzado para asistir a 16,2 millones de brasileños en situación de extrema pobreza, donde las mujeres tendrán una atención especial en el programa, como afirmó Ana Fonseca, funcionaria a cargo.
A su vez, el nuevo rol protagónico de Gleise Hoffman, junto a la nueva ministra de Relaciones Institucionales, la ex senadora y ex ministra de Pesca Ideli Salvatti, fue presentado como un avance en la política de género; al consolidar un virtual Triunvirato, junto a las otras ocho mujeres poderosas que comandan importantes ministerios o secretarias generales: Medio Ambiente, Planificación, Cultura, Derechos Humanos, Igualdad Racial, Desarrollo Social y Mujeres.
Aunque, la reacción de sectores conservadores, como el obispo paulista Luiz Gonzaga Bergonzini, que sostuvo que en Brasil se impuso una “dictadura gay”; pasando por los pueblos originarios, que abandonaron la Comisión Nacional de Política Indigenista (Cnpi) en protesta a la construcción de hidroeléctricas en sus tierras en el Amazonia; hasta una marcha por la despenalización del consumo de marihuana, autorizada por la Justicia brasileña, que acontecería el próximo 2 de julio; abren nuevos frentes que Rousseff deberá afrontar.
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